En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años; a ello debe sumarse la dependencia por razones de enfermedad de carácter físico o psíquico y otras causas de discapacidad o limitación, que también ha aumentado en los últimos años, debido, entre otras cosas, a la mayor tasa de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas. Para dar respuesta a esta nueva situación se desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como «ley de dependencia», que trata de regular el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados.